“… la Constitución Nacional sujeta la autonomía provincial al aseguramiento del sistema representativo y republicano (“Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz”, considerando 8° del voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti y considerando 10 del voto del juez Rosatti). Este compromiso supone -entre otros rasgos constitutivos del orden republicano- la periodicidad de los mandatos (Fallos: 336:1756). En los términos del artículo 5° del texto constitucional nacional, el gobierno federal es el garante del goce y ejercicio de las instituciones provinciales y esta Corte Suprema la responsable de asegurar el cumplimiento del orden institucional establecido”.
“… el equilibrio de los valores del federalismo con aquellos que sustentan el sistema republicano explican que esta Corte intente ejercer su atribución de revisión judicial de las leyes provinciales con máxima prudencia y reserve esa delicada función a los más excepcionales supuestos, es decir, aquellos en los que se evidencia un ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de derecho público local del que resulten lesionadas instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar (“Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz”, considerandos 7° y 9° del voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti y considerando 10 del voto del juez Rosatti)”.
El contenido concreto del control judicial de la Corte en la materia fue explicitado tempranamente por Jose Manuel Estrada en los siguientes términos: “’La Constitución de los Estados Unidos solo garantiza una forma republicana de gobierno. La Constitución Argentina garantiza dos cosas: una forma republicana de gobierno y el goce y ejercicio efectivo y regular de las instituciones. De suerte que si en Norteamérica solamente está obligado el gobierno federal a amparar a un Estado cuando su forma de gobierno ha sido invertida, en la República Argentina, está obligado el gobierno federal a amparar a las provincias cuando la forma republicana ha sido corrompida, es decir, cuando ha sido interrumpido el ejercicio regular de las instituciones cuyo goce efectivo ella garantiza’ (“Curso de Derecho Constitucional”, tomo 3°, página 144)”.

CSJ 449/2019, “Frente para la Victoria- Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia de s/amparo”, fallado el 22 de marzo de 2019, Considerandos 13, 14 y 11